Facilidades de pago durarán 60 días más luego de emergencia sanitaria



El plazo para solicitar la reprogramación de cuotas en entidades financieras o casas comerciales –que emiten tarjetas- se podría extender hasta mediados de agosto del 2020, según la Ley de Apoyo Humanitario aprobada por la Asamblea y que está en manos del Ejecutivo para su análisis.

Inicialmente, estaba previsto que esta ayuda se aplicara por alrededor de 60 o 90 días, según la resolución emitida a fines de marzo pasado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Pero el artículo 12 de la Ley de Apoyo Humanitario propone nuevas condiciones.

Esta propuesta señala que, una vez que entre en vigencia esta normativa, la Junta Monetaria y Financiera deberá emitir una nueva resolución en el plazo de 10 días para que, durante el período de duración del estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después, se pueda aplique este beneficio.

Esto implica que los clientes, que pueden ser personas naturales o empresas, podrán solicitar estas facilidades hasta mediados de agosto próximo, considerando que el estado de excepción terminará el 16 de junio del presente año, de acuerdo con el Decreto 1 052.

Julio José Prado, titular de la Asociación de Bancos Privados, dijo que el sector está de acuerdo con estos beneficios de diferimiento, pero pedirá no sean de carácter obligatorio para toda institución, bancos o firmas del sector comercial, porque esto generaría que las entidades no reciban la totalidad de las cuotas, incluso de aquellos clientes que sí pueden pagar. “Se produciría un problema en el sistema”.

El directivo dijo que el sector presentó esta observación al Jefe de Estado, quien debe pronunciarse sobre el texto antes de su entrada en vigor. De hecho, más allá de la ley, dijo que el sector ya está trabajando con las autoridades para ampliar las facilidades.

Para solicitar la reprogramación del cobro de las cuotas mensuales, las entidades financieras o casas comerciales deberán llegar a un acuerdo con sus clientes. De esta manera, según cada caso, se podrá optar entre el diferimiento o reprogramación de las cuotas impagas. Para este tipo de beneficio queda prohibido generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos, refiere la norma legal.

Antes del tratamiento de esta Ley en la Asamblea, las entidades financieras entregaban ya este beneficio amparadas en la resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, de marzo pasado.

Igual decisión tomaron las casas comerciales. La medida se tomó para apoyar a los clientes que no puedan cubrir las cuotas de sus créditos, a causa de las restricciones que se han aplicado para ejercer sus actividades por la emergencia.

Por ejemplo, en la primera quincena de abril pasado, los bancos otorgaron diferimiento de cuotas en 1,2 millones de operaciones de crédito. Esto representó USD 3 500 millones en esas cuotas, de 10 000 millones que debían haberse pagado, según Asobanca.

De estas operaciones, la mayoría corresponde a créditos de consumo, pero también se aplicó para microcréditos.

En la Cooperativa Andalucía, por ejemplo, el 45% de los clientes de microcrédito se ha acogido a este mecanismo hasta mediados de este mes, dijo Esteban Correa, subgerente Comercial de la entidad.

Banco Pichincha ha diferido las operaciones crediticias de las micro y pequeñas empresas de 250 000 clientes, hasta mediados de este mes. A ellos se les ha otorgado facilidades de pago que incluyen tres meses de gracia, informó Ignacio Maldonado, vicepresidente ejecutivo de Negocios.

En cuanto a las medianas y grandes empresas, en Banco Pichincha alrededor del 55% de los clientes, que representa el 35% del monto de la cartera comercial en este segmento, ha optado por este recurso.

En algunos casos, las entidades han recibido el apoyo de otros entes para otorgar facilidades a sus clientes.

La Corporación Financiera Nacional (CFN), por ejemplo, recibió una inversión del Banco del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) por USD 50 millones para entregar el producto denominado Pyme Expres CFN, que está destinado a solventar a las pequeñas y medianas empresas.

ProCredit ha brindado también líneas de crédito para capital de trabajo de sus clientes empresariales. “Como banco alemán tenemos acceso a traer fondos del exterior”, precisó Miguel Ebenberger, gerente general de este banco.

En Produbanco se priorizó la atención en crédito a las empresas que están conectadas con la cadena de valor alimenticia y con el sector de salud. Pero, además, se ha ofrecido a las pymes el acceso a avances de efectivo para capital de trabajo a través de banca en línea.

Ley fija 10 días para que Junta presente estudio de tasas

La Ley de apoyo humanitario establece la revisión de las tasa de interés con fines de reactivación productiva. Actualmente en el país rigen 23 tipos de crédito que tienen tasas con techos máximos fijados por la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, con base en estudios del Banco Central del Ecuador. Por ejemplo, para el segmento de consumo la tasa tope es del 17,3%. y para el préstamo inmobiliario el techo es del 11,33%.

Una vez aprobada la norma, la Junta tendrá 10 días para presentar un estudio de liquidez, solvencia y estrés del sector financiero con el fin de revisar las tasas de interés en el 2020 y en el 2021. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) señaló que en la revisión que hará la Junta esperan que se tenga en cuenta la propuesta del sector financiero de establecer un sistema de tasas que refleje el riesgo de los clientes y los segmentos sin techos fijados por la autoridad estatales “ y que son antitécnicos”.

Mejores condiciones en los créditos para reactivación

Las entidades del sistema financiero que desde abril pasado y hasta diciembre próximo den créditos a micro, pequeñas y medianas empresas (comercial ordinario, productivo o microcrédito) superiores a USD 25 000 y hasta 48 meses plazo podrán deducir del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos por pago de estos préstamos.

Igual reducción será para instituciones que otorguen préstamos de menos de un año de plazo, concedidos a empresas por montos superiores a USD 10 000 y con plazos de más de dos años. Las instituciones, en especial la banca pública, crearán líneas de crédito para pagos de nómina y capital de trabajo por montos equivalentes a tres meses de operación.

La Ley también indica que se deberán priorizar los créditos productivo y educativo. La Asobanca recomendó que en el veto presidencial se ponga que los beneficios de baja de tasas estén atados a los fideicomisos que constituirá el Gobierno a fin de reducir el riesgo de las operaciones.


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