Exdirector Médico del Hospital Julio Endara denunció en la Fiscalía posibles irregularidades en compra de mascarillas y gel antibacterial



El hoy exdirector médico del Hospital Psiquiátrico Julio Endara, Esteban Bonilla, presentó una denuncia para que la Fiscalía investigue un presunto acto de corrupción en esa casa de salud.

Su abogado Milton Román confirmó esa noticia y explicó a este Diario que Bonilla se negó a firmar dos contratos por USD 8 000 para la adquisición de gel antibacterial y mascarillas que iban a ser destinadas para el uso del personal de ese centro médico, ubicado en Conocoto, en Quito.

“Mi cliente se percató que las mascarillas y el gel no tenían una certificación de calidad por parte de la Arcsa (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria). Por eso se negó a firmar los contratos y el 27 de mayo fue removido del cargo”.

Según el jurista, Bonilla fue trasladado de la Dirección Médica hacia la Dirección de Docencia de Investigación de esa casa de salud.

Una de las posibles irregularidades que se señala en la denuncia es que la empresa que ganó la adjudicación de los cubrebocas tenía vínculos con el hermano de una funcionaria administrativa de la casa de salud.

Eso está prohibido por la Ley de Contratación Pública y también por el Código Penal, pues se podría configurar en un tráfico de influencias.

Además, según la denuncia, en el proceso se habrían dado otras omisiones. Se indica que no hubo un informe de necesidad elaborado por la Dirección de Enfermería.

La queja judicial indica que, aun así, el personal administrativo del Hospital comenzó un proceso para comprar mascarillas N95, pero se terminó adquiriendo mascarillas quirúrgicas, cuya calidad aparentemente es más baja.

Según la denuncia, el cambio del tipo de producto se produjo luego de que el Director Médico alertara al Comité Operativo de Emergencia del Hospital que los cubrebocas que se pretendían comprar no tenían la certificación que avalara la calidad de N95 (que filtran el 95% de las partículas).

Entre los documentos enviados a la Fiscalía, a través de correo electrónico, consta una copia de la correspondencia mantenida entre el funcionario removido y el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos.

La comunicación es del 2 de mayo pasado. Allí, el entonces Director Médico consulta sobre la certificación y las características de las mascarillas que iban a vender al hospital psiquiátrico.

La respuesta de la entidad extranjera fue que los productos que no cuentan con un certificado del nivel de protección ante las partículas, marca, etiquetado con un código y un número de aprobación del organismo, posiblemente sean productos falsificados. El abogado asegura que las mascarillas que se iban a adquirir “no eran aptas para que el personal atienda pacientes de covid-19”.

En la compra del gel antiséptico también se habría dado la misma irregularidad. El número de registro sanitario que el proveedor presentó no consta en la página de la Arcsa.

De hecho, en la denuncia se dice que las primeras botellas de este producto que llegaron al Hospital tenían pegadas, con cinta adhesiva transparente, papeles impresos en donde figura un número de “registro sanitario inexistente”.

La empresa proveedora del gel envió una carta al centro médico para explicar esta situación.

En la denuncia se incluye la versión de la propietaria de la empresa en el sentido de que no había podido imprimir las etiquetas, porque las imprentas no estaban operando.

Habría admitido que en el etiquetado manual hubo un error con un número de serie, pero que ya lo había resuelto.

El abogado indica que el Director Médico revisó el nuevo registro sanitario y encontró que sí constaba en la página web de la Arcsa, pero esta vez no coincidía la marca de gel vendido con la del producto registrado en la entidad de control. Indica que tras estas posibles anomalías también decidió no firmar el contrato.

Este Diario buscó el nombre de la empresa proveedora de gel en la Superintendencia de Compañías y allí no consta ningún RUC. Lo que existe es una página en Facebook de la empresa, en donde se evidencia que antes de la pandemia su giro de negocio era la venta de alimentos.

Estos casos ahora están en conocimiento de la Fiscalía. El exdirector Bonilla también solicitó una auditoría de la Contraloría para que se revise el proceso y se determine si hubo o no omisiones.

Además, la defensa indica que se alertó de esta situación a la Gerente del Hospital. Este Diario se trató de contactar con esta funcionaria para conocer si estos contratos llegaron a firmarse tras la negativa del exdirector médico. La gerente dijo a través de WhatsApp que la llamaran en 20 minutos, pero luego no contestó el celular.