Controles a buques, diplomacia y conservación, estrategias del Ecuador para proteger sus recursos marinos



Desde finales de junio del 2020, una flota pesquera con más de 300 barcos de gran calado se desplazaba muy cerca de la frontera marítima entre las islas Galápagos y el Ecuador continental. El hecho puso en alerta al Gobierno ecuatoriano debido a la amenaza que esto representa para la biodiversidad de las especies marinas que habitan y circulan por esta zona. Desde el Estado y el sector privado se han planteado varias opciones en el manejo de esta situación.

La concentración masiva de barcos extranjeros de pesca en las cercanías del mar territorial ecuatoriano se ha vuelto un problema que se repite cada año. Las alertas se han emitido consecutivamente desde el 2017, por parte de la Armada.

En agosto del 2017, el buque chino Fu Yuan Yu Leng 999 fue capturado dentro de los límites de la Reserva Marina de Galápagos con 300 toneladas de pesca, entre las que se hallaron al menos dos especies de tiburón consideradas vulnerables. El barco y la mercadería fueron incautados y los tripulantes procesados por tenencia y transporte de especies protegidas. Entre 2007 y 2017 se han capturado 18 barcos pesqueros en actividades ilícitas de pesca, tenencia, transporte y comercialización de especies protegidas, según información del Parque Nacional Galápagos.


Este 2020, la flota pesquera se ha mantenido por fuera de las 200 millas que corresponden a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) alrededor del archipiélago de Galápagos y desde la costa continental. Sin embargo, entre ambas zonas territoriales, hay una franja de 160 millas que tiene régimen de aguas internacionales, con libertad para pesca y tránsito.

“La flota pesquera no ha ingresado en aguas jurisdiccionales ecuatorianas, por lo que el Estado no tiene posibilidad de hacer una intervención directa para detener o interrumpir sus actividades, porque técnicamente se encuentra en aguas internacionales”, explicó Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática.

El diplomático de carrera reconoce la preocupación que genera la actividad de estas embarcaciones. “La presencia de una flota pesquera de esa magnitud constituye un riesgo serio para la permanencia de las especies aprovechables en esa zona”.

En ese escenario, Suárez asegura que una de las mejores opciones para el Estado es recurrir a la vía diplomática. Este 2020, al igual que en 2017, el presidente Lenín Moreno dispuso a la Cancillería que inicie las gestiones jurídicas y diplomáticas pertinentes.

“La Cancillería ecuatoriana ha hecho gestiones tanto en Beijing como en Quito para hacer conocer a las autoridades chinas que el Ecuador hace respetar sus derechos marítimos sin diferencia de banderas”, dijo el canciller Luis Gallegos en un comunicado.

China respondió a través de su embajada. “Tras consultar con las autoridades chinas competentes y verificar con la Armada de Ecuador, todos los buques pesqueros chinos están operando legalmente en alta mar fuera de la ZEE de las islas Galápagos, que no representan ninguna amenaza para nadie y sus derechos legales debe ser garantizados”.


Suárez explica que otra opción es abrir una línea de negociación amistosa con China, apelando a organismos y tratados internacionales como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), un instrumento que incentiva a los Estados a “establecer acuerdos para evitar la sobreexplotación y agotamiento de las especies”.

Además, el Ecuador podría tener una mejor posición para negociar si se consolida una posición regional, dice Suárez. En este caso, la opción sería recurrir a “la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que nació de la necesidad de conservar los recursos pesqueros de los países que tenemos costas al Pacífico. En ese sentido, Ecuador, Perú, Chile y Colombia comparten intereses en la preservación de especies”.

“He dispuesto que se realicen las consultas necesarias con los Estados ribereños del Pacífico, los hermanos países de Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú y Chile, para tener una postura regional sobre este tipo de amenazas", dijo el presidente Moreno durante un discurso ante la Armada, el pasado 25 de julio.

En ese mismo evento, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, advirtió que se incautarán las naves extranjeras que ingresen ilegalmente en el territorio ecuatoriano. La Armada ha conformado una fuerza de tarea, conformada por una corbeta misilera, un buque auxiliar, dos lanchas guardacostas, dos aviones de vigilancia marina y un helicóptero para realizar el monitoreo de la flota y el control de aguas territoriales, explicó el contralmirante Darwin Jarrín, Comandante General de la Marina, en una exposición virtual.

El oficial citó el Acuerdo de Nueva York como un instrumento legal que faculta a la Armada ecuatoriana realizar inspecciones a buques pesqueros extranjeros en alta mar, para asegurar el cumplimiento de las medidas de “conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios”.

Paralelamente se conformó un equipo público-privado encabezado por el exalcalde de Quito, Roque Sevilla, y la exministra de Ambiente, Yolanda Kakabadse.


El objetivo, dice Sevilla, “es tratar de buscar las fórmulas legales y de conservación para evitar que el esfuerzo de protección de la reserva marina que se hace en Galápagos desde el año 86 se desvanezca con la presencia de flotas internacionales que depredan todo el ecosistema”.

Sevilla asegura que los diálogos diplomáticos con China y las consultas con los países de la Comisión Permanente del Pacífico Sur en busca de una posición de bloque son pasos importantes. “Un tercer nivel es acudir a la ejecución de los tratados de los que son signatarios China y Ecuador como el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces y la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico (Orop)”. Estos instrumentos de política y jurisprudencia internacional permitirían regulan cupos, tiempos, artes de pesca y otros parámetros de aprovechamiento de recursos ictiológicos, dice Sevilla.

Además, la comisión impulsa un proyecto para la conformación de una nueva gran reserva marina que junte el archipiélago de Galápagos, hacia el noreste, con la isla de Cocos, en Costa Rica. “La idea sería que el Ecuador y Costa Rica extiendan su reserva marina para que luego se incorpore Colombia desde la isla de Malpelo y Panamá con la isla Coiba. Para crear una reserva marina de cuatro naciones que protegen sitios claves del Pacífico este”.

A través de este acuerdo sería posible regular el tránsito y ciertas actividades de pesca en esta zona, explicó Sevilla. “Esto podría garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones ribereñas del Pacífico este y la conservación de la biodiversidad, que tiene valor moral y turístico. Podría ser la zona de protección más grande en el planeta”.

Por otra parte, la posibilidad de apelar a la Convemar para extender la plataforma continental de 200 hasta 350 millas no garantiza protección de las especies marinas. “Se ha generalizado la creencia de que la extensión de la plataforma continental implica también la extensión de la ZEE y eso no es así. Si se extiende la plataforma el Estado ribereño tiene derecho exclusivo y de soberanía sobre los recursos del suelo y subsuelo marino, pero no en la columna de agua y las especies que circulan en ella”, explica Suárez. Para Sevilla, la extensión de la plataforma continental sería un primer paso para gestionar ante organismos internacionales la protección de la columna de agua y sus recursos ictiológicos, “pero sería una segunda etapa más compleja y de más largo plazo”.


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