Con poderes mermados | El Comercio


En 2001 el presidente Gustavo Noboa autorizó la construcción del OCP. Fue una decisión difícil. El ecologismo mundial se movilizó para impedir su construcción. Grupos ambientalistas convencieron a los pichinchanos que su tendido por la provincia iba a destruir sus destinos turísticos. La opinión pública provincial estuvo en contra de que el oleoducto pase por Mindo. Terco como es él, convencido de las bondades de la obra, el presidente Noboa persistió y se hizo el OCP. La construcción levantó la economía, quebrada desde la crisis de 1999. El incremento de la producción petrolera alimentó las rentas fiscales y permitió sobrevivir a los gobiernos de Lucio y Palacio; fue la fuente de la bonanza, lamentablemente dilapidada, de la disfrutó el correato.

¿Y Mindo? Mejor que nunca y nadie que lo visita se entera que bajo tierra pasa un oleoducto.
Pero eso fue hace 20 años, con otra Constitución y otra Corte Constitucional. Como ayer a los pichinchanos, hoy a los azuayos el movimiento ambientalista ha convencido que la obra los va a perjudicar. Que las minas van a contaminar el agua. A los cuencanos, obviamente esto preocupa, y ante las dudas mejor que no haya minería.

La actual Constitución y las leyes tienen estrictas disposiciones para preservar el medio ambiente; hay un Ministerio de Medio Ambiente y Senagua para velar por el agua. Un presidente como Gustavo Noboa, con una constitución y Corte Constitucional como la de entonces, si los expertos de su gobierno le asegurasen que bajo el marco legal y regulatorio vigente, la minería en las zonas en que está permitida no ofrece peligro alguno al agua, procedería a impulsar el desarrollo minero, que haría para el Ecuador de 2021 lo mismo que hizo el OCP para el Ecuador de 2001.

Lamentablemente, ni la Constitución ni la Corte Constitucional son las mismas. Cuenca plantea una consulta para prohibir la minería en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos. La Corte Constitucional la aprueba, con la salvedad que sólo afecta a proyectos que aún no están autorizados. La campaña será, agua o minería.

Por descontado, se votará en contra de la minería. Habrá movimientos similares en otras provincias bajo los mismos argumentos. Los activistas dirán que la prohibición se aplica también a los proyectos que entran a fase de explotación (aprovechando la imprecisión de la Corte). Ya lo dice el alcalde de Cuenca. La minería, que nos sacaría del hueco en que nos encontramos, está gravemente herida.

Nos queda el petróleo. Pero en Pastaza, la frontera petrolera, las autoridades provinciales están en contra. ¿Plantearán un plebiscito? Cualquier provincia, cantón o parroquia puede paralizar un proyecto de interés nacional. Los poderes del gobierno central para sacarnos del hoyo en que estamos, quedan severamente mermados.


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