Informe de DD.HH. revela que en Guayaquil 89 cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria permanecen extraviados



Durante la emergencia sanitaria, en Guayaquil, se extraviaron 135 cuerpos de fallecidos en manos de agentes del Estado. El dato lo reveló este miércoles, 30 de septiembre de 2020, la Defensoría del Pueblo y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Los representantes de los dos organismos presentaron hoy un informe titulado ‘Cuerpos extraviados’. El documento es el resultado de una investigación que inició el 15 de mayo pasado. Durante cuatro meses, un equipo de nueve personas se contactó con 542 familias que perdieron un ser querido durante los primeros meses de la pandemia del covid-19.

En las entrevistas con los familiares descubrieron que hasta el momento existen 89 cuerpos por identificar en las dependencias de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además, se conoció que 41 cuerpos ya no van hacer identificados. Esto ocurre porque no tienen coincidencias con las muestras tomadas a las familias.

Así lo informó la vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira. La funcionaria detalló que la Defensoría buscará ante la justicia que se identifique hasta el último cadáver. Y para que eso se cumpla no descarta pedir que los cuerpos de las víctimas sean exhumados.

“La exhumación es el único camino para que se pueda tener cierta certeza, sería una de las alternativas, pero eso debe ordenarlo las autoridades judiciales”, indicó.

Familias reclaman conocer qué pasó con los cadáveres de sus parientes que estaban en custodia de agentes del Estado. Foto: AFP

También informó que la Defensoría del Pueblo prepara un informe general de la emergencia. Ese documento será presentado en organismos internacionales de Derechos Humanos.

La presentación del informe de hoy se realizó con la presencia de los que aún no conocen dónde están los restos de sus seres queridos. Uno de ellos relató que lleva buscando a su cuñado durante cinco meses. La última vez que lo vieron fue cuando un agente de Criminalística retiró el cadáver de su casa y les dijo que lo trasladarían hasta el Hospital del Guasmo Sur.

“Queremos que nos ayuden a las personas que aún no tenemos el cadáver de nuestros familiares para darles una cristiana sepultura y que la familia quede tranquil”, dijo.

Un pedido similar hizo Roberto Villegas. Él no encuentra el cuerpo de su madre desde hace seis meses. En ese tiempo dice que se ha sometido a las pruebas de Criminalística, pero no ha hay resultados. El hombre contó que su madre falleció en el Hospital del Guasmo Sur y allí le informaron que el Gobierno se encargaría del sepelio.

“Yo fui y me dijeron que no estaba allí. Luego me dijeron que estaba en un contenedor. Después me dijeron que espere y lamentablemente seguimos en la espera. No sé qué hacer”, señaló.


De dónde eran las víctimas

En la investigación también se reveló que el 97% de las víctimas correspondían a la clase social con más bajos recursos de los sectores norte, centro y sur de la ciudad.

Entre los principales barrios donde se identificaron casos de fallecidos se encuentran Suburbio, Guasmo Norte y Sur, sector Centro-Sur, Mapasingue, Martha de Roldós y Sauces.

De acuerdo con el informe, el 97% de víctimas, cuyos restos no han sido encontrados, habitaban en barrios populares con bajos recursos. Foto: Archivo/  EL COMERCIO

El calvario de las familias

El informe, que contiene 38 páginas, también establece tres escenarios que vivieron las familias de las víctimas. El primero corresponde al “colapso del sistema de salud pública que impidió brindar atención oportuna a personas con síntomas de covid-19 y de otras enfermedades”. En los días de la emergencia, las autoridades estatales y de salud negaron que hubo un colapso del sistema hospitalario.

Según el CDH, las familias de las personas afectadas por el virus no encontraron atención en los hospitales y en la línea telefónica 171, que habilitó el Gobierno para la emergencia.

De allí que las familias indicaron que la falta de atención les condujo a regresar a sus domicilios y contemplar con impotencia la agonía y el fallecimiento de sus parientes.

Billy Navarrete, representante de CDH, se refirió a este aspecto y lamentó el accionar del Estado. “Lo poco que hicieron, lo hicieron mal. El Estado dio información imprecisa y dudosa a las familias. (…) Eso genera que ahora se abra una interrogante. ¿Será que el cuerpo está donde dicen que está?”, indicó.

En Guayaquil, ataúdes yacían a los pies del Hospital Abel Gilbert Pontón en Guayaquil el pasado 25 de abril de 2020. Foto: / AFP

Luego de las muertes, en la ciudad se registró una ola de denuncias sobre los retrasos en el levantamiento de cadáveres. En redes sociales se difundían mensajes de familias que convivieron hasta por cinco días con los restos de sus parientes. Otros en cambio optaron por sacarlos a la vía pública.

Incluso, en sitios como Socio Vivienda, en el noroeste de la ciudad, los vecinos de las víctimas fueron a dejar los cuerpos al pie de la UPC de Policía. Así lo narró Gloria Guerrero, lideresa de ese sector popular, en la entrevista con la CDH.

El segundo escenario tiene que ver netamente con la pérdida de identidades de los cuerpos de las víctimas. En especial, en el Hospital del Guasmo Sur. El informe del CDH señala que en esa casa de salud se rompieron los protocolos establecidos para la manipulación de cadáveres que estipuló el COE.

“En este hospital confluyeron los cuerpos recogidos en domicilios por agentes del Departamento de Medicina Legal y los cuerpos derivados de hospitales del sistema de salud pública”, indica el estudio.

En el informe se determina que el primer caso de desaparición de un cuerpo se registró el 2 de abril. Se trataba de una persona ingresada al Hospital del Guasmo Sur el 29 de marzo y falleció un día después. La familia no supo del cuerpo durante tres días. Luego manifestaron que tuvieron que pagar a un camillero del hospital para que les ayudara a recuperar a su ser querido.

Otros casos de desaparición se presentaron en otros tres hospitales del sistema de Salud y del IESS.

En tanto, el tercer escenario que establece el informe narra los hechos a partir del 30 de marzo. Ese día, el presidente Lenín Moreno informó la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta para el “entierro digno de los fallecidos”. Esta labor estuvo coordinada por Jorge Wated, actual presidente del Directorio del IESS.

Familiares reclaman los cuerpos de sus seres queridos, fallecidos en en el Hospital Guasmo Sur. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Ese grupo, integrado por policías, militares y agentes de tránsito, se encargó de trasladar los cuerpos hasta su disposición final. Ellos también retiraban los cuerpos que estaban en las morgues de los hospitales.

Sin embargo, a través de los testimonios de las familias se conoció que no conocen o no tienen certeza de que sus seres queridos fueron sepultados en los cementerios que designó el Gobierno para las sepulturas.

Vulneración de derechos

Según el informe ‘Cuerpos Extraviados’, durante los primeros meses de la emergencia sanitaria, en Guayaquil se vulneraron cinco derechos humanos. En la lista están el derecho a la dignidad, el derecho a la integridad personal física y psíquica, derecho a la libertad de cultos, derecho al acceso de servicios públicos de óptima calidad y también se vulneró los derechos a la seguridad jurídica.

Todos estos hechos generaron que el 26 de junio, un juez aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo del Ecuador y los familiares cuyos fallecidos se encontraban desaparecidos.

En esta sentencia, el juez declaró la vulneración de los Derechos y manifestó lo siguiente:

“No existe justificación alguna para el mal manejo de los cadáveres, es innegable el respeto que merecían quienes encontraron la muerte producto de la pandemia, aún antes de partir a su última morada. Tal como quedó señalado, el derecho a la dignidad humana incluye el derecho a vivir sin humillaciones, y las familias de los desaparecidos, viven esperando recibir una respuesta que les permita conocer la ubicación del cuerpo de su familiar.”

El fallo también estableció que el Ministerio de Salud brinde ayuda psicológica por un año a todos los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo en afinidad a todas las familias.

Cómo medida de satisfacción, el juez también ordenó que las instituciones de Salud involucradas pidan disculpas públicas en diarios de mayor circulación en Guayaquil.


Además, se estableció que para evitar que los hechos se repitan, las instituciones públicas brinden capacitación a sus servidores sobre el protocolo y manipulación de los cadáveres en tiempos de pandemia.

Las cifras de los fallecidos

Además, con los datos de los familiares se conoció que los fallecimientos se registraron a partir del 1 de marzo pasado. Esto pese a que el Estado de Excepción se instauró el 16 de marzo.

Según el CDH, “las cifras escalaron de manera acelerada desde el 27 de marzo y alcanzaron sus picos más altos los días 30 y 31 de marzo”. En esos días hubo 58 y 61 fallecimientos, respectivamente. En abril, las muertes también aumentaron.

De hecho, el informe añade las cifras oficiales del Registro Civil. La entidad reportó que en Guayas hubo 5 337 defunciones. Es decir, 3 420 muertes más en comparación al mismo período del 2019.

En el caso de abril, se reportaron 12 316 defunciones que, en comparación con cifras del año pasado, registró un aumento considerable de más de 10 452 muertes.

En los informes del Registro Civil se establece que las defunciones son por Covid-19 y otras causas. Pero el estudio del CDH indica que, de las 542 familias entrevistadas, 477 indicaron que las muertes de sus seres queridos fueron registradas como decesos por infarto agudo de miocardio, insuficiencia respiratoria aguda y neumonía viral no identificada.

“En ese sentido, se puede inferir que el considerable aumento de defunciones contempla también muertes por covid-19 que no han sido determinadas oficialmente por el sistema de salud y que posiblemente fueron registradas bajo las tres causas anteriormente mencionadas”.


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