Conflictos laborales durante la crisis del covid-19 abarrotan juzgados



Unos piden indemnizaciones por despidos intempestivos, otros buscan el pago de remuneraciones pendientes. También hay quienes reclaman décimos o vacaciones.

En medio de la pandemia, empleados públicos y privados recurren a juzgados del país para solucionar conflictos con empresas o entidades.

Pero dicen que los procesos judiciales avanzan lento. Jueces laborales aseguran que están abarrotados de trabajo por el incremento de demandas durante la crisis por el covid-19.

Cifras levantadas por el Consejo de la Judicatura corroboran estos hechos. En el 2019 se registraron 19 790 causas de este tipo a escala nacional; ese mismo año se resolvió el 99%.

En cambio, en el 2020 ingresaron a las oficinas judiciales 22 446 casos y quedaron represados 7 919.

Esto ocurre principalmente en Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, El Oro y Los Ríos.

En uno de esos expedientes judiciales consta el nombre de Cecilia. Ella trabajó desde el 2005 en el área financiera de una aseguradora, en Quito. El pasado 24 de abril le notificaron de su despido a través de un correo electrónico.

Por 15 años de trabajo le pagaron de liquidación USD 1 500. Ella dice que debía recibir USD 16 500. El Código de Trabajo (art. 188) establece que una persona que ha laborado más de tres años en una empresa y es despedida intempestivamente debe recibir “el equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio”.

En agosto pasado, Cecilia presentó una demanda. Han pasado seis meses y aún no hay una resolución. Cada mes, su abogada dice que envía un oficio a la unidad judicial y pide que se fijen fecha y hora para la audiencia; no recibe respuesta.

Una jueza laboral de Quito cuenta que antes de la pandemia las audiencias para resolver demandas tardaban unos tres meses. Ahora, por la carga laboral, los magistrados convocan a las diligencias en seis u ocho meses. Otra jueza advierte que en su despacho tiene 400 demandas que llegaron el año pasado y no resuelve.

La jurista asegura que la demora obedece a la cantidad de procesos que ingresa diariamente. Por ejemplo, antes de la pandemia, una Sala Laboral recibía 60 causas al mes, hoy ingresan 120. Una de esas demandas fue interpuesta por Miguel, el 15 junio pasado.

Luego de trabajar 27 años como técnico de riesgo en una florícola, perdió su trabajo y cuenta que recibió una indemnización de USD 800.

Recuerda que el pasado 2 de abril llegó a la puerta de la empresa y el guardia le impidió el ingreso. Su nombre constaba en una lista de 60 despedidos.

Él asegura que han pasado ocho meses y que el juez no fija fecha de audiencia.

El Consejo de la Judicatura sostiene que el represamiento de causas se produjo por la suspensión de la jornada laboral en la Función Judicial (excepto Flagrancias), que rigió desde el 17 de marzo -cuando estalló la crisis- hasta el 11 de junio pasado. En esa fecha se reanudaron los servicios presenciales en los juzgados laborales.

Adriana también fue despedida durante la pandemia. Ella cuenta que trabajó 25 años como asistente de gerencia en una florícola. Sostiene que el 30 de marzo recibió una notificación por correo. El oficio detallaba que el contrato se terminaba, porque la empresa tenía problemas económicos.

La demanda fue presentada en octubre. Han pasado cinco meses y el juez no emite la resolución. La mujer busca que le paguen la indemnización, pues sostiene que el empleador no ha cancelado ese valor.

Un juez laboral de Quito indica que él trabaja presencialmente tres días a la semana, pero solo medio tiempo.

Los otros días hace teletrabajo, pues esa es la disposición vigente. Asegura que eso también ha influido en el represamiento de las causas.

Los jueces sostienen que el 85% de casos que reciben tiene que ver con despidos intempestivos. Andrea labora en una farmacéutica desde hace ocho años. En septiembre denunció que no le han cancelado el sueldo durante seis meses y tampoco han pagado las aportaciones al Seguro Social.

Lo mismo ocurre con otros 20 empleados. Este expediente reposa hace cinco meses en la Unidad Judicial del sur de Quito y no hay avances.


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