Indagación al CNE no tiene efectos electorales estiman constitucionalistas



Un nuevo frente de división se abrió en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La causa: las acciones de control que anunciaron la Fiscalía y la Contraloría sobre el sistema informático del organismo.

El consejero Luis Verdesoto, a través de un comunicado, aseguró que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, “rompió el compromiso” de entregar a la Fiscalía dos copias certificadas por un notario público con información del sistema informático del ente.

Esa acción, dijo, se habría decidido por los miembros del CNE la noche del domingo 21 de febrero del 2021. “Aquella acción, planificada y concertada por los consejeros, tuvo plena concordancia con el sistema legal”.

Sin embargo, el vocal José Cabrera tiene sus reparos. Ayer, 22 de febrero, insistió en que el pedido de Fiscalía no ha ingresado a la Secretaría del CNE. “Conversaremos, se ha pedido al área jurídica que prepare el informe para dar una respuesta a Fiscalía sobre este tema”.

Cabrera considera que la acción sería una injerencia porque están en pleno proceso electoral. “Estamos realizando el escrutinio y la Fiscalía quiere ingresar a las bases de datos, sí nos causaría problemas”.

La presidenta Atamaint se mantuvo ayer al margen. Este Diario buscó una reacción, pero el departamento de Comunicación del organismo afirmó que no haría declaraciones.

La Fiscalía aclaró que para realizar la recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral, hubo una denuncia particular.

Según la entidad, el 12 de febrero, Luis Segovia y otras personas, “en representación del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik”, presentaron una denuncia por supuestas anomalías en el almacenamiento de la información digitalizada de las actas.

El domingo tenían previsto realizar una pericia. No obstante, Cabrera confirmó que hasta ayer no se concretó.

La segunda acción viene desde la Contraloría. Según su principal, Pablo Celi, se busca hacer un examen especial para dar seguimiento a las recomendaciones señaladas en una auditoría anterior al sistema informático electoral del informe DNA1-0054-2020, del 20 de agosto de 2020.

Verdesoto solicitó ayer, 22 de febrero, a Atamaint que convoque a una sesión del Pleno para tratar el asunto. Sobre ello, precisó, no tiene ninguna objeción, siempre y cuando se realice antes de la campaña electoral.

Cabrera manifestó que el sistema informático fue sellado en presencia de un notario y que una auditoría podría ser factible hasta después de celebrada la segunda vuelta electoral presidencial, el 11 de abril.


¿Cómo funcionó el sistema?

Cristhian Cerda, coordinador de Tecnologías de la Información del CNE, explicó el 7 de febrero pasado que después del escrutinio, las actas levantadas en las juntas receptoras del voto ingresaron al sistema, a través de 1 737 centros de digitalización de actas (CDA).

El sistema adjudica los votos de forma automática. Es por eso que en cada CPE los digitadores verificaron que las actas tengan las firmas del presidente y secretario de la mesa.

Solo las que pasaron esa fase, se consolidaron y se hicieron oficiales. Si hubo falta de firmas o inconsistencias numéricas, esas actas pasaron al grupo con novedades. Posteriormente, por decisión del Pleno del CNE, las juntas provinciales electorales efectuaron el recuento de todas las actas con novedades. Tras la revisión, esos datos ingresaron al sistema en un acta de recuento.

Para Carlos Aguinaga, presidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, se debe validar que el sistema informático sí tiene las garantías y seguridades. Por lo que permitir las acciones de Fiscalía y Contraloría constituye un tema de transparencia.

“Me asombra que digan que esto puede afectar el proceso electoral, lo cual no es cierto; técnicamente hay cómo ejecutar la acción. El sistema informático tiene que encerarse, queda vacío porque eso pasa a un disco duro, a los servidores y ya no se utiliza para la segunda vuelta, queda vacío, alteración no hay, de ninguna índole ni técnica ni legal”.

Nubia Villacís, expresidenta del CNE, defendió que la acción de la Fiscalía está amparada en el artículo 334 del COIP, que trata los delitos contra los derechos de participación.

“No está fuera de la competencia de la entidad, por lo tanto no se puede considerar como una injerencia”, aseguró.

Jorge Benavides, constitucionalista, acotó que estar en período electoral no supone que el órgano electoral tenga facultades plenipotenciarias que impidan el control de otras entidades, las cuales deben actuar en el marco de sus competencias sin interferir, ilegítimamente, en el proceso electoral.

El jurista Ismael Quintana aclaró que un eventual proceso penal o un examen especial no servirán para anular las elecciones, por lo que si un candidato denuncia un fraude, tiene la obligación de probarlo, independientemente de los resultados de las acciones de Fiscalía o Contraloría.

“En el caso de Yaku Pérez, que denuncia fraude, debe probar en 48 horas, una vez que fue notificado de los resultados, los delitos electorales”.

Recordó que existen tres acciones para los candidatos. Pueden presentar una objeción y una impugnación ante el CNE, o interponer un recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral.


En contexto

Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) van al balotaje el 11 de abril. Sin embargo, aún resta la etapa de objeciones e impugnaciones antes del inicio de la campaña. La proclamación de resultados se hizo la madrugada del domingo anterior.


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